¿Están obligados los arrendadores a compartir datos de sus inquilinos con ICE? Abogados responden
(Telemundo Atlanta) - En medio de una creciente preocupación por el uso de citaciones administrativas, abogados y expertos en vivienda están alzando la voz frente a una práctica que podría marcar un nuevo capítulo en los esfuerzos de deportación en Estados Unidos.
Propietarios de viviendas en varias ciudades han reportado haber recibido citaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitando información detallada de sus inquilinos, incluyendo contratos de arrendamiento, solicitudes, identificaciones y posibles futuras direcciones.
Estas citaciones, que no están firmadas por un juez, han sido interpretadas por abogados como un intento de la administración de Donald Trump por reactivar sus estrategias de deportaciones masivas.
Según el abogado Eric Teusink, con sede en Atlanta, varios de sus clientes han recibido recientemente este tipo de citaciones, generando confusión y dudas sobre su validez.
En declaraciones a AP, Teusink calificó las solicitudes como una “expedición de pesca”, advirtiendo que podrían violar la Ley de Vivienda Justa si los propietarios entregan datos personales sin una orden judicial.
“Los arrendadores no están obligados a cooperar”
La controversia gira en torno al hecho de que estas citaciones no han sido autorizadas por un tribunal. Aunque provienen de organismos como la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS, su carácter administrativo limita su fuerza legal.
Para el abogado constitucionalista Joseph Malouf, “los arrendadores no están obligados a cooperar con ICE si la solicitud no cuenta con el aval de un juez”. Asegura que cualquier entrega de información debe respaldarse por una “subpoena” debidamente firmada por una corte.
La situación ha motivado la reacción de organizaciones de derechos civiles y expertos en inmigración. Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, advierte sobre el “peligro del cumplimiento excesivo”, mientras que campañas como “Conoce tus derechos” insisten en que los ciudadanos deben negarse a permitir el acceso a sus viviendas o información sin una orden judicial válida.
Desde Boston hasta Los Ángeles, abogados y empresas administradoras de propiedades han reportado casos similares. Anthony Luna, director de Coastline Equity, reveló que varios administradores han expresado inquietudes tras escuchar rumores sobre las citaciones. “Si realmente buscan delincuentes, ¿por qué no revisan los documentos judiciales?”, cuestionó.
¿Qué debe hacer si recibe una de estas citaciones?
Aunque ICE tiene facultades para emitir citaciones administrativas, su ejecución requiere una orden judicial previa. Así lo explicó Lindsay Nash, profesora de derecho en la Universidad Yeshiva, quien ha seguido de cerca la evolución de estas prácticas. “Muchos destinatarios cumplen sin consultar o sin notificar a los inquilinos involucrados”, alertó.
Por ahora, asociaciones de arrendadores como la DC Landlords Association piden cautela. “Recomendamos a nuestros miembros consultar con abogados antes de responder a cualquier solicitud”, indicó Thomas Franklin, gerente de operaciones.
El consenso entre expertos es claro: sin una firma judicial, no hay obligación legal. Y en un contexto migratorio cada vez más tenso, conocer los derechos legales y proteger la privacidad de los inquilinos se vuelve fundamental para evitar abusos y preservar el debido proceso.
Con información de AP
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