Una doctora de Texas es condenada por distribuir más de un millón de píldoras de opioide

HOUSTON, Texas (Telemundo Central Texas) - Un jurado federal ha condenado a un médico de Texas por la distribución ilegal de más de un millón de píldoras de opioide y otras drogas peligrosas.

Barbara Marino de 65 años de Tomball, fue declarada culpable de conspirar a la distribución de sustancias controladas y cuarto cargos de distribución de sustancias controladas, según el Departamento de Justicia. Ella era la única médica prescribiendo en Angels Clínica, en donde prescribió oxicodona, hidrocodona y el relajante muscular carisoprodol de una clínica detrás de ventanas con espejos en un centro comercial de locales adosados en Houston.

Operación de efectivo solamente atrajo a pacientes a través de traficantes callejeros

Muchos pacientes que recibieron prescripciones de Marino llegaron a Angels Clínica a través de traficantes callejeros, muestran los documentos de corte y evidencia de juicio. Los traficantes traían a pacientes a Marino para prescripciones, llenaba las prescripciones en farmacias de la zona de Houston y luego vendían las píldoras en la calle.

Angels Clínica operaba como una clínica que solo acepta efectivo, cobrándole a las personas basadas en la droga que Marino les prescribía. En menos de un año, Marino recibió más de 400,000 mil dólares de los dueños de Angels Clínica por escribir prescripciones que carecían un propósito médico legítimo, según los fiscales.

El fiscal general adjunto Colin M. McDonald de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, dijo que médicos que abusan de su autoridad de prescribir para recibir ganancias sobre el cuidado del paciente rompen una confianza entre sus pacientes.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de proteger a la ciudadanía frente a la distribución peligrosa e ilegal de sustancias controladas, especialmente cuando el traficante es un médico”, afirmó McDonald.

Las prescripciones mostraban señales de alerta

Las prescripciones de Marino exhibían múltiples señales de alertas en la lista de chequeo de Consejo Estatal de Farmacias de Texas por identificar problemas clínicos, dijeron los fiscales. Evidencia del juicio mostró que Marino intencionalmente ignoró todas las señales de alerta y le prescribió a casi todos los pacientes que ella vio una combinación peligrosa de un opioide y carisoprodol.

Más del 99% del tiempo, Marino solo prescribía las versiones de las versiones de acción rápida más potentes de la oxicodona, la hidrocodona y el carisoprodol, según las pruebas del ensayo.

Junto a los pacientes de Marino se encuentra una mujer en su tercer trimestre de embarazo. Marino le prescribió a la paciente embarazada una combinación de las drogas de hidrocodona y carisoprodol. El obstetra-ginecólogo de la paciente testificó en el juicio sobre lo peligroso que es esa combinación de drogas para ambos la mujer y el bebé no nacido, y que el paciente falto a una visita de cheque adicional importante.

Otro de los pacientes de Marino era un hombre que había sido diagnosticado como bipolar y esquizofrénico. La madre del paciente testificó que él a menudo reclamaba ser el expresidente Richard Nixon. Marino le prescribió una combinación de hidrocodona y carisoprodol por lo menos tres veces, testificó su madre.

El administrador asistente de la DEA Cheri Oz dice que las drogas altamente adictivas en este caso son usadas para ayudar con el dolor, no causarlo.

“La DEA sigue actuando sin descanso contra quienes envenenan nuestras comunidades y se aprovechan de nuestro sistema sanitario, todo ello para llenarse los bolsillos con los beneficios obtenidos a costa del sufrimiento ajeno”, afirmó Oz.

Marino enfrenta un máximo de 20 años en prisión por cada cargo. Un juez federal determinará cualquier condena después de considerar las directrices de la condena y otros factores.

La DEA investigó el caso. Los fiscales Drew Pennebaker y Yael Mash de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Unidad de Control del Fraude en Medicaid de la Fiscalía General de Texas están a cargo del caso.

Según el Departamento de Justicia, el programa de la Unidad Especial contra el Fraude Sanitario de este organismo ha imputado a más de 6.200 acusados que, en conjunto, han facturado a los programas sanitarios federales y a las aseguradoras privadas más de 45.000 millones de dólares desde 2007.