El exfiscal del condado de Williamson y el exsheriff presentan una demanda federal por violación de los derechos civiles ante el tribunal federal de Waco contra los fiscales de los condados de Travis y Williamson

WACO, Texas (Telemundo Central Texas) - El exabogado del condado de Williamson Jason Nassour y el exsheriff del condado de Williamson Robert Chody presentaron el jueves una demanda federal de derechos civiles contra el fiscal de distrito del condado de Travis, José Garza, y el fiscal de distrito del condado de Williamson, Shawn Dick, el fiscal adjunto del condado de Williamson Michael Waldman, el fiscal adjunto del condado de Travis Dexter Gilford, así como contra los condados de Williamson y Travis, alegando una acusación con motivación política que duró casi seis años antes de colapsar en juicio.

La demanda, presentada el 17 de julio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, División de Waco, sostiene que los fiscales de distrito y fiscales del condado de Travis y del condado de Williamson acusaron a Nassour y a Chody de manipulación de evidencia por imágenes de Live PD que eran propiedad exclusiva de Big Fish Entertainment, una compañía de producción de medios con sede en Nueva York.

El caso se presentó en la corte federal de Waco debido a que el tribunal tiene jurisdicción porque la división de Waco pertenece al Distrito Federal Oeste de Texas, que incluye los condados de Travis y Williamson.

Las imágenes, según los demandantes, nunca las poseyeron, nunca las tocaron y no tenían autoridad legal para incautarlas durante un proceso penal que duró casi seis años.

La demanda nombra como demandados al fiscal de distrito del condado de Williamson Shawn Dick, al fiscal de distrito del condado de Travis José Garza, al fiscal adjunto del condado de Williamson Michael Waldman, al fiscal adjunto del condado de Travis Dexter Gilford, al condado de Williamson y al condado de Travis.

La demanda presenta reclamaciones por presuntas violaciones constitucionales, incluyendo enjuiciamiento malicioso, incautación ilegal, violaciones al debido proceso y represalias de la primera enmienda.

La querella también sostiene enjuiciamiento selectivo y vindicativo, abuso de proceso, imposición intencional de angustia emocional, conspiración civil y reclamaciones de responsabilidad municipal Monell contra ambos condados.

Los demandantes buscan daños compensatorios, daños especiales, daños punitivos y ejemplares, honorarios y costos de abogados, e intereses previos y posteriores al fallo.

“Esta demanda expone un abuso absolutamente atroz del poder de los fiscales y un desperdicio del dinero de los contribuyentes, todo con fines políticos”, dijo Ryan C. Johnson, abogado de los demandantes. “Shawn Dick, José Garza y sus oficinas gastaron seis años e incontables dólares de los contribuyentes procesando a dos hombres inocentes por un delito que era legalmente imposible”.

Hemos contactado a las oficinas del fiscal de distrito del condado de Travis José Garza y del fiscal de distrito del condado de Williamson Shawn Dick, pero no hemos recibido respuesta.

Antecedentes

El caso surge de la muerte del 28 de marzo de 2019 de Javier Ambler, quien quedó inconsciente tras una persecución vehicular por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Williamson que terminó en el condado de Travis.

Un equipo de producción de Live PD acompañaba a los agentes esa noche y grabó partes del incidente.

Las imágenes fueron enviadas a la sede de Big Fish Entertainment en Nueva York a la mañana siguiente, conforme al protocolo estándar de la compañía.

Nassour y Chody no estaban presentes en la escena cuando Ambler murió, según la demanda.

Según la demanda de los demandantes, el caso penal contra Nassour y Chody se inició en septiembre de 2020, más de un año después de la muerte de Ambler, tras la presión pública generada por la muerte de George Floyd en Minneapolis y las protestas nacionales posteriores por el uso de la fuerza policial.

El 19 de junio de 2020, el fiscal de distrito del condado de Williamson Shawn Dick y la entonces fiscal de distrito del condado de Travis Margaret Moore emitieron una declaración conjunta anunciando una investigación coordinada, con la oficina de Dick encabezando la pesquisa sobre manipulación de evidencia.

La demanda alega que Dick programó la acusación formal del 25 de septiembre de 2020 contra Chody seis semanas antes de las elecciones, asegurando que Chody enfrentara a los votantes como un acusado formalmente imputado.

La demanda además alega que ningún agente del orden remitió el asunto para su procesamiento, que ninguna declaración jurada de causa probable respaldó los cargos, y que la única investigación policial realizada había concluido que no se habían identificado violaciones por manipulación de evidencia.

La citación

La demanda alega que las imágenes dejaron de estar disponibles no por alguna acción de Nassour o Chody, sino por una citación defectuosa emitida por la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Travis.

Según la demanda, la citación del 4 de abril de 2019 estaba dirigida a “Custodian of Records: Live PD — A&E Television Network” en lugar de a Big Fish Entertainment, el verdadero propietario de las imágenes.

La citación también exigía la entrega el mismo día, fue enviada por correo postal de Estados Unidos en lugar de un proceso interestatal adecuado, y A&E no la recibió sino hasta el 22 de mayo de 2019 —más de 26 días después de que hubiera vencido el plazo contractual para la destrucción de las imágenes.

La demanda señala que, en el juicio de marzo de 2024 de los agentes Johnson y Camden, el estado admitió en corte abierta que un fiscal del condado de Travis había usado el tipo de citación equivocado y que la citación no fue efectiva.

Nuevas acusaciones y desestimación

La demanda alega que los fiscales volvieron a acusar formalmente a Nassour y a Chody tres veces. La tercera nueva acusación ocurrió el 4 de junio de 2024 —casi tres meses después de que el jurado absolviera a los dos agentes cuya conducta, según se alegaba, documentaban las imágenes.

El caso penal terminó el 13 de julio de 2026, después de que se seleccionó un jurado y se activó el riesgo procesal. El estado dijo al tribunal que “no tendrá la evidencia en este momento para seguir adelante y establecer los elementos del delito en el Cargo 1 o el Cargo 2”, agregando que “el efecto de esto es esencialmente invalidar toda la acusación”.

El tribunal de primera instancia desestimó todos los cargos con perjuicio.