Una firma de abogados de Texas con vínculos con Trump obtiene un contrato de $150 millones de dólares para prestar servicios jurídicos a menores inmigrantes

CHICAGO (AP) — La Administración Trump ha adjudicado un contrato de 150 millones de dólares para proporcionar representación jurídica a los menores migrantes que viajan solos a EE. UU. a un pequeño bufete de abogados de Texas vinculado a la Administración, pero con escasa experiencia en derecho de inmigración, lo que ha llevado a las organizaciones de asistencia jurídica que llevan mucho tiempo representando a esos menores a advertir de que esta medida podría hacerlos vulnerables a la deportación.

El contrato con el bufete Burke Law Group, con sede en Houston, se produce en un momento en que la Administración Trump intensifica su campaña de deportaciones masivas en todo el país y después de que, la semana pasada, la Administración dejara que expirara sin sustitución un contrato clave con una red de organizaciones de asistencia jurídica que trabajan con menores migrantes en todo el país. Estas organizaciones han expresado una preocupación cada vez mayor por que los menores vulnerables no cuenten con la asistencia jurídica experimentada que necesitan, en un momento en que la Administración está intensificando sus esfuerzos para expulsar a personas del país.

Michael Lukens, director del Amica Center, calificó de «preocupante y escandalosa» la idea de que la Administración hubiera adjudicado el contrato de fuente única a la empresa de Texas.

“Realmente presagia una situación en la que los niños no van a tener acceso a un proceso con las garantías debidas ni a una audiencia judicial en condiciones. No podemos permitir que se confíe el cuidado de los niños a un bufete de abogados elegido al azar,” afirmó Lukens.

Las organizaciones señalaron que el contrato anunciado el martes solo se aplica a los menores que se encuentran actualmente en centros de acogida gestionados por el Gobierno y que este tendría que adjudicar otro contrato que cubriera los servicios para los menores migrantes que viven fuera del sistema de centros de acogida. Lukens indicó que, en la actualidad, hay unos 1.800 menores viviendo en centros de acogida y que aproximadamente 22.000 viven fuera con tutores, como familiares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa la agencia gubernamental responsable del cuidado de los menores migrantes no acompañados, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La Administración Trump anunció a última hora del martes que contrataba al bufete Burke, con sede en Houston, para prestar servicios jurídicos a los menores no acompañados. El contrato, de un año de duración, entra en vigor el 15 de agosto.

Solo dos de los 25 abogados que figuraban en la página web del bufete el miércoles por la mañana mencionan en sus biografías experiencia relevante en derecho de inmigración.

Muchos de los demás miembros del bufete son abogados especializados en derecho mercantil vinculados a causas conservadoras y al presidente Trump. La fundadora del bufete, Marcella Burke, formó parte del primer Gobierno de Trump como abogada en la Agencia de Protección Medioambiental y en el Ministerio del Interior.

Entre los demás miembros de su plantilla se encuentra Justin Shubow, principal impulsor de la iniciativa de Trump para exigir que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y antiguo miembro de la Comisión de Bellas Artes de EE. UU. nombrado por Trump. El destacado jurista conservador Ilya Shapiro figura como “asesor sénior.”

Ni el bufete ni su fundadora, Marcella Burke, respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les solicitaban comentarios.

La notificación indica que el contrato de Burke es un “acuerdo de cooperación de fuente única,” lo que significa que la Administración seleccionó al bufete sin un proceso de licitación competitivo. No se ofreció ninguna justificación para eludir las normas habituales de licitación.

Los menores migrantes, por sí solos, se consideran especialmente vulnerables debido a su edad y, por lo general, quedan bajo la tutela del Gobierno de EE. UU. Existen diversas protecciones legales que se les aplican una vez que se encuentran en EE. UU., incluida la Ley de Reautorización de la Protección a las Víctimas de la Trata de 2008, que exige al Gobierno facilitar la representación legal a los menores sometidos a procedimientos de deportación.

Hasta hace poco, esa representación la llevaba a cabo una red de casi 100 proveedores de asistencia jurídica gratuita repartidos por todo el país. Estos proveedores acuden a los centros de acogida e imparten sesiones de formación sobre “conoce tus derechos” a los menores que allí se encuentran, y pueden representarlos directamente en los procedimientos judiciales.

Sin embargo, el viernes pasado fue el último día de vigencia de ese contrato y, hasta bien entrado el martes, no estaba claro si se firmaría un nuevo contrato y, en caso afirmativo, quién se encargaría de realizar el trabajo.

Además de la incertidumbre sobre el contrato, los proveedores de asistencia jurídica afirman que llevan desde noviembre del año pasado luchando por que se les abone el trabajo que ya han realizado. Estas organizaciones señalan que la administración les está solicitando información detallada sobre sus clientes que, según afirman, no pueden facilitar por motivos éticos.

Santana informó desde Sacramento, González desde McAllen (Texas) y Foley desde Iowa City (Iowa).